El presidente de la Sociedad Dominicana
de Diarios, Incorporada (SDD), Persio Maldonado Sánchez, opinó que dos proyectos de
leyes que se conocen en el Congreso Nacional, uno acerca del de
recho a la
intimidad, el honor y el buen nombre, y otro sobre expresión y medios de
comunicación, en esencia constituyen una limitante para la libertad y que en
ellos se aprecia, aunque de manera sutil, una tendencia sobre reguladora.
recho a la
intimidad, el honor y el buen nombre, y otro sobre expresión y medios de
comunicación, en esencia constituyen una limitante para la libertad y que en
ellos se aprecia, aunque de manera sutil, una tendencia sobre reguladora.
Maldonado Sánchez declara que en medio
de una lucha de muchos años por lograr despenalizar totalmente el ejercicio del
periodismo o los llamados delitos de palabras, en estos dos proyectos
justamente subyace ese propósito de penalización.
El ejecutivo periodístico favoreció de
manera firme que se establezcan normas para un sistema legal claro y preciso,
pero que estas regulaciones, bajo ninguna circunstancia, puedan constituir una
amenaza para la libertad.
El también director general del
periódico El Nuevo Diario aborda el tema en una comunicación que dirige al
senador Charles Mariotti Tapia (PLD-provincia Monte Plata), en su condición de
presidente de sendas comisiones especiales para los proyecto de Ley Orgánica
que regula la protección al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y
la propia imagen, y de expresión y medios de comunicación.
El presidente de la SDD sostiene que
hace mucho tiempo que la Ley 6132 que regula el ejercicio de la libre expresión
en la República Dominicana, está requerida de un profunda modificación,
incluso, de la eliminación de muchos aspectos que resultan contraproducentes en
una sociedad que goza de libertad.
Algunos de esos aspectos –recuerda-
felizmente han sido eliminados por el Tribunal Constitucional y que tenían que
ver con la penalización de los delitos de palabras. “Aún seguimos
esperanzados en alcanzar definitivamente la despenalización total en ese
ámbito”, expresa.
Precisa que la Constitución del 2010, en
la que se procura consolidar un Estado Social de Derechos, el ejercicio del
periodismo y la libertad de expresión y el pensamiento gozan de las mayores garantías
para su plena implementación y disfrute.
Plantea que resultaría conveniente
agrupar en un solo mecanismo regulador del ejercicio a la libre expresión del
pensamiento y en consecuencia el ejercicio del periodismo.
“Creemos que sería conveniente fundir en
un solo proyecto todo lo relativo a la comunicación. Hay varios proyectos que
se han elaborado en el pasado que también podrían ser considerados para
establecer normas que permitan tener un sistema legal claro, preciso y que no
se constituya en la práctica en un mecanismo de amenaza para la libertad”,
dice.
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