A tres años de
cumplirse la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el Centro Bonó
demandó que el Estado cumpla el compromiso instituido en la Ley 169-14,
mediante el cual se estableció una ruta especial para superar las situaciones
de desnacionalización y los riesgos de apatridia en la República Dominicana.
Un despacho de
prensa suministrado a DIARIOMETROPOLITANO.NET
expresa que la falta de coherencia y compromisos en la aplicación efectiva de
los dispositivos previstos en dicha ley, de parte de la Junta Central
Electoral, hacen que la implementación de la misma no tenga los resultados
relevantes esperados y que todavía se mantengan vivos los indignantes efectos
de la sentencia.
El Centro Bonó
lamentó que la Junta Central Electoral no haya colaborado adecuadamente en la
solución pragmática a la que el país llegó y que el Congreso hizo ley de la
nación, “manteniéndose en una actitud arbitraria y al margen de la legalidad en
lo que atañe a la reposición inmediata de los documentos civiles del denominado
grupo A y al proceso de registro de los del grupo B que les fueron remitidos
por el Ministerio de Interior y Policía”, expresa el documento.
“Discrecionalmente
y de manera caprichosa ha continuado presentando demandas de nulidad de actas
de nacimiento oportunamente registradas y posteriormente rectificadas y
subsanadas por la ley 169. Además ha establecido un mecanismo de transcripción
de actas a un libro ilegal, teniendo como efecto principal la segregación del
Registro Civil de dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana”.
Estas
declaraciones fueron servidas durante el análisis de coyuntura que el Centro
Bonó celebra los primeros sábados de cada mes. Esta vez con el tituló “Rostros
y Voces de las y los afectados por la Sentencia 168-13” y presentó el
testimonio de Yuli Yendilien Yen y Reina Antuan, dominicanas de ascendencia
haitiana con registro civil, "que no están en la lista de los 55 mil actas
auditadas por la JCE y que están a la espera de que ésta le habilite sus
documentos.
También compartieron sus testimonios Maribel Pierre y Patrick Des
Jardin, quienes se acogieron al proceso de registro especial previsto en la ley
para el grupo B, y todavía no han recibido ni el acta ni la residencia
definitiva que ordena la ley”, indica la nota de prensa.
DIARIOMETROPOLITANO.NET
"Reflejo de la Sociedad"
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