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| Namphi Rodríguez habla al público en el panel de la UCSD. |
Santo
Domingo.- El jurista Namphi Rodríguez abogó hoy por la aprobación de una ley que
establezca sanciones de destitución y embargo de los bienes patrimoniales de
los funcionarios públicos que desacaten las sentencias del Tribunal
Constitucional (TC).
Rodríguez,
catedrático de Derecho Constitucional y presidente de la Fundación Prensa y
Derecho, dijo que en un Estado constitucional no se puede tolerar que haya una
actitud de desobediencia de los poderes públicos a las decisiones del
intérprete de la Constitución.
Al
dictar una conferencia en un panel sobre los desafíos de la reforma de la
libertad de expresión en el país, el
presidente de Prensa y Derecho sostuvo que ha advertido al Congreso de que
varios de los proyectos de leyes que cursan en el Senado y la Cámara de Diputados
podrían incurrir en violar el precedente del TC sobre esa materia.
“El
artículo 184 de la Constitución es bastante claro, aquí el precedente
constitucional es obligatorio no sólo para los jueces, sino para los
legisladores y los funcionarios de la administración pública, quien ose
violarlo o desacatarlo tiene que recibir consecuencias jurídicas graves",
dijo Rodríguez en el panel que compartió con Miguel Surum, presidente del
Colegio de Abogados de la República Dominicana, y Román Jáquez, decano de
Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD).
Expuso
que en España se acaba de aprobar una ley que inhabilita para el ejercicio de
función pública a los funcionarios que desoyen los mandatos del Tribunal
Constitucional de ese país, a quienes, además, se le puede trabar embargo en
sus bienes personales para vencer la “tozudez” de esos servidores frente a los
derechos constitucionales de los terceros.
Explicó
que en los términos que la Constitución consagró el precedente constitucional
se ata no sólo a los jueces como pasaba con los fallos de la Suprema Corte de
Justicia, sino que también esas sentencias se imponen al Presidente de la
República con los funcionarios de la Administración y al Poder Legislativo.
“Es
una verdadera revolución del sistema de fuentes del Derecho dominicano, una
sentencia del Tribunal Constitucional tiene la fuerza y la categoría de ley y
debe ser cumplida sin pretextos”, subrayó.
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